El sábado 11 de febrero el ministro del Interior, Alfonso Prada, volvió a Arauca para un nuevo puesto de mando unificado por la vida (Pmuv). Tras los dos realizados en septiembre y octubre del año pasado, los movimientos y organizaciones sociales de la región estaban a la expectativa. La guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc ha sido impermeable a la paz total de Gustavo Petro.
Tras 14 meses de enfrentamientos, suma más de 400 muertos, 36 solo este año. Y desde hace dos semanas la región también enfrenta una crisis social por cuenta de la parálisis de las empresas petroleras SierraCol Energy y Parex, que suman 2 mil empleos.
El director de derechos humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda, llegó un día antes. Se reunió con una decena de líderes de las dos plataformas sociales más fuertes de Arauca: el Movimiento Político de Masas Centro Oriente (Mpmsp) que pertenece al Congreso de los Pueblos, y la Mesa de Organizaciones Cívicas y Populares (Mocipar).
En esa reunión previa buscaban acuerdos para que, al terminar el Pmuv, pudieran instalar la Mesa Territorial de Garantías. Ese es el mecanismo que el gobierno Petro busca reactivar en todas las regiones (la mayoría dejaron de convocarse durante el gobierno Duque) para hacerle seguimiento y control a las amenazas y asesinatos de líderes sociales en todo el país.
“Habíamos dicho ‘avancemos’. Llegamos a acuerdos y dejamos listo un borrador de acta para que el ministro Prada al otro día la leyera y la firmara, la refrendara. Para llegar ya con algo listo a la instalación de la mesa territorial de garantías”, le dijo a La Silla Juan Carlos Torregrosa de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, que hace parte del Mpmsp.
Pero al otro día el Pmuv no salió como esperaban.
Debía iniciar a las 9:30 de la mañana pero las palabras de apertura a cargo de Prada no se dieron sino hasta el mediodía. En la mesa redonda había alcaldes, congresistas, líderes sociales, entes de control, fuerza pública y representantes de la industria petrolera que opera en la región.
Después de varias intervenciones, los representantes de las empresas petroleras pidieron el micrófono. Era una solicitud que previamente había tramitado el gobernador encargado con el gobierno. “Dijimos ‘listo. Cuando termine la palabra de los líderes, abrimos un segmento para darle la palabra a las empresas’. Apenas de nueve minutos”, dijo una fuente oficial que participó en la logística del evento.
Pero al instante, los líderes se opusieron. Ernesto Roa, uno de los curtidos dirigentes de la región interrumpió la intervención. “Están cambiando las reglas, ministro”.
“Nos habían dicho que las compañías iban a hablar solo con el ministro y no en ese espacio. Para nosotros el hecho de sentar a las compañías, que son victimarios, no tiene nada que ver con los Pmuv, que es para preservar la vida del movimiento social en los territorios”, le dijo a La Silla Jhon Castro, presidente de la Federación de Juntas de Acción Comunal de Arauca, que hace parte del Mpmsp.
Las empresas SierraCol Energy y Parex estaban pidiendo al gobierno soluciones porque su actividad está paralizada tras la amenaza del ELN el pasado 20 de enero. Esa guerrilla les envió un panfleto anunciando que debían suspender las labores de transporte y suministros para ambas compañías y que cualquier empresa o trabajador que desobedeciera “se verá en serios problemas”. Los rumores en la región apuntan a que el ELN incrementó el valor de la extorsión anual a ambas compañías y ellas no accedieron a pagarlas. De ahí, la amenaza.
El ministro Alfonso Prada les pidió a los dirigentes sociales que escucharan a todos, que fuesen “demócratas y tranquilos”.
Fue en vano. Mientras uno de los representantes de las petroleras seguía con el micrófono en la mano, cerca de cinco de los dirigentes más reconocidos de la región se levantaron de la mesa redonda, caminaron por detrás de ella y salieron del coliseo.
“Hemos hecho 207 Pmuv y no tengo registrado, salvo uno en Putumayo, el retiro de líderes. No se retiran. Reconociendo que hay tensiones y se expresan de alguna manera, el gobierno no puede excluir a nadie”, dijo justificando la intervención de la compañías.
El borrador del acta para instalar la Mesa Territorial de Garantías después del Pmuv quedó engavetado. Tras ese incidente, ese paso a seguir quedó en el aire y hasta hoy, gobierno y líderes araucanos no han vuelto a ponerse de acuerdo.
“Con nosotros no han hablado. Entiendo que desde el ministerio ya contactaron a los líderes de Mocipar y la idea es encontrarnos en Bogotá y recomponer la vaina. Pero hasta ahora, nada concreto”, dijo Torregrosa, uno de los abogados defensor de derechos humanos más reconocidos de Saravena y todo el departamento.
A los pocos días la relación se tensionó más.
La distancia con Petro
El 14 de febrero, día de las manifestaciones pro gobierno, el Mpsmsp convocó una rueda de prensa en Arauca capital. Con la guardia campesina de fondo y una mesa llena de banderas de las organizaciones sociales que hacen parte de esa plataforma, aparecieron ante micrófonos seis dirigentes sociales, de los mismos que se levantaron de la mesa del Pmuv.
Leyeron un comunicado en el que, a la vez que manifestaban su apoyo a las movilizaciones de ese día, denunciaban –de manera genérica– que el gobierno Petro ya les está incumpliendo.
“Actualmente se visibiliza un panorama de compromisos establecidos con los sectores sociales en materia de reformas que viene tomando distancia de los cambios planteados en campaña”, dice un apartado.
Luego mencionan la política de paz. “Entendemos la paz como una agenda de transformaciones estructurales (...) no entendemos la paz simplemente como el silenciamiento de los fusiles”.
“Por una Colombia libre y soberana”, dijo la lideresa que leyó el comunicado. “Unidad y lucha”, respondieron en coro los siete guardias campesinos detrás suyo, mientras alzaban su bastón.
Durante la rueda de prensa, Bernardo Arguello, el representante de la Empresa comunitaria de Acueducto de Saravena, Eccas, explicó su posición frente a la política de paz así:
“¿Quién no quiere la paz? Claro que sí. Pero la paz no puede darse como el gobierno lo está haciendo, de manera acelerada (...) dando beligerancia política a algunos que no tienen esa connotación, que son es verdaderos delincuentes. Ahí ya empieza una falla”, dijo.
Es la misma crítica que ha hecho el ELN (la guerrilla que tiene control social y territorial en esa región desde los años 80, logrando permear todos los escenarios políticos y sociales del departamento llanero). Un ataque a la negociación con las disidencias de las Farc que el gobierno ya tiene avanzada (ya hay protocolo del cese al fuego) desde la vocería del movimiento social más fuerte en Arauca, el Mpsmsp, que será protagonista en la fase de participación ciudadana de la mesa de diálogo con esa guerrilla.
Pero no solo es la posición del movimiento social en Arauca. También es la del Congreso de Los Pueblos, que agrupa a muchas organizaciones sociales del país y ha sido activo en el diálogo popular dentro de la mesa de negociación del ELN con Juan Manuel Santos y ahora con Petro.
La Silla conoció el borrador de una propuesta preliminar que el Congreso de los Pueblos le hace al gobierno para participar en la política de paz total. Allí, la califican como
un “eufemismo”. También, critican que al tener como referente los acuerdos de paz de La Habana “blinda el modelo económico y el sistema capitalista”. Y por último, ratifican que para ellos la desmovilización de la insurgencia no es lo fundamental sino “avanzar en cambios significativos políticos y económicos”.
Según anunció esta semana el alto comisionado para la paz Danilo Rueda, en los próximos días se conocerá avances sobre cómo será la participación ciudadana en esa mesa.
La Silla supo que ya hay dirigentes sociales de Arauca convocados por el gobierno para alistar su documentación para adelantar trámites y asistir al ciclo de diálogos que será en Brasil, el que le sigue al actual en México.
Por lo pronto, desde el Ministerio del Interior están planeando una reunión con dirigentes sociales de 32 zonas rurales que integran la Cumbre Nacional Agraria, el próximo 27 y 28 de febrero. El Ministerio va a proponerles que todas las Mesas Territoriales de Garantías se instalen en un solo evento nacional y no una por una. Previendo, en parte, que problemas coyunturales como el de Arauca sigan estancando las mesas.
En todo caso, en Arauca el gobierno también enfrenta la presión del ELN.
El Frente de Guerra Oriental se hace sentir
El ELN tiene la misma posición del Congreso de los Pueblos respecto a la negociación: que la dejación de armas no es esencial para los diálogos. De modo que el gobierno se enfrentará a un bloque de dos en ese sentido.
Concretamente en Arauca, el Frente de Guerra Oriental del ELN, el más fuerte militarmente hablando y también el menos involucrado en los diálogos de paz, está enfocado en refrendarse como única guerrilla en la región.
Parten de que las disidencias que están combatiendo desde enero del año pasado no tienen ningún estatus político. Por eso, no acceden a la mediación que el comisionado de paz ha promovido entre ambos grupos desde el año pasado.
En cambio, las únicas opciones que plantea el ELN son que las disidencias salgan del departamento de Arauca, que se sometan a la ley como un grupo criminal común o que se atengan a su exterminio.
Para demostrar que son la única guerrilla, en los últimos días han retomado los ataques hacia la fuerza pública.
El más reciente y sonado en Arauca es el secuestro del sargento Libey Danilo Bravo, que el presidente Petro catalogó vía Twitter como un saboteo a “cualquier posibilidad de paz”. También desde Twitter el comandante del ELN Antonio García aseguró que ese “prisionero de guerra” será liberado, aunque no dijo cuándo.
La semana pasada, el ELN atacó con artefactos explosivos una base militar en área rural de Arauquita, Arauca y un soldado resultó levemente herido. Y también a un carro del Ejército que estaba escoltando a unos ingenieros que estaban haciendo mantenimientos al oleoducto Caño Limón-Coveñas en Saravena.
“El ELN no solo quiere mostrarse fuerte sino mostrar que ellos son la única guerrilla. Entonces parten de que los grupos que solo están traqueteando no tienen que atacar al Estado, en cambio ellos sí porque son enemigos del Estado. El secuestro del sargento es una forma de legitimarlo”, dijo una fuente del gobierno que sigue el proceso de cerca en Arauca.
El comisionado de paz Rueda también dijo que esta semana presentarían avances sobre un posible cese al fuego con esa guerrilla. Pero al menos en Arauca esa posibilidad es lejana.
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